Por GONZALO P. ESCARAY | Abogado penalista
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Por GONZALO P. ESCARAY | Abogado penalista
El colapso del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que dejó ocho víctimas fatales y varios heridos, es uno de los casos más graves de estrago culposo en la construcción reciente. La imputación por este delito recae sobre Jorge Bonavita, arquitecto y bombero de Madariaga, y Rubén Taquichiri, contratista de la obra, quienes han sido excarcelados recientemente bajo estrictas condiciones de presentación y prohibición de salida del país. La figura de estrago culposo agravado responde a la presunta negligencia en el avance de las remodelaciones en un sector del mencionado hotel, las cuales, según la Fiscalía, se realizaron sin permisos municipales y en condiciones de alta peligrosidad.
Para conocer de que se trata el estrago culposo, debemos pensar en un delito que no requiere intención de dañar, sino que a partir de una omisión del deber de cuidado o bien un grave incumplimiento de reglamentaciones y/o ordenanzas, se genera un peligro o bien se provoca un daño de tal magnitud que afecta a la seguridad común de la población, lo que se ve agravado si a ello le sigue la muerte de una persona.
En el caso que nos ocupa, a la falta de habilitación y las denuncias sobre irregularidades en la construcción del nuevo ascensor se le agrega una posible "debilidad estructural", siendo este uno de los factores que podrían haber precipitado el derrumbe. Esta clase de negligencia es particularmente delicada cuando se trata de edificios habitados y en zonas turísticas, donde la exposición al riesgo de terceros es aún mayor.
Días atrás, el juez de Garantías, David Mancinelli, concedió la excarcelación bajo el argumento de que los acusados no presentan riesgo de fuga, pero sin embargo para que el mismo se encuentre completamente neutralizado, tanto Bonavita como Taquichiri deberán cumplir con presentaciones periódicas en la comisaría de Villa Gesell durante los próximos cuatro meses, un requerimiento que deja en claro la necesidad de supervisión sobre aquellos que, aún sin intenciones homicidas, habrían incurrido en faltas que contribuyeron al trágico desenlace.
Otro punto de controversia es la falta de control efectivo por parte de las autoridades. La obra había sido clausurada por la Municipalidad, sin embargo, las actividades continuaron, exponiendo un vacío crítico en la fiscalización. Las imágenes de los obreros trabajando en el sitio, junto con las recientes declaraciones del abogado del propietario, Maximiliano Orsini, quien sostiene que el proyecto contaba con permisos, indican que la responsabilidad podría extenderse a nivel institucional y a una eventual imputación de alguna autoridad municipal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, demandando una revisión urgente del marco de inspección y clausura.
Este caso también exige revisar las políticas de control y las obligaciones de los profesionales a cargo de edificaciones habitadas, especialmente en zonas donde las obras se desarrollan cerca de áreas residenciales o turísticas. En un contexto donde el colapso del Dubrovnik ya ha marcado un antecedente, es crucial que se refuercen las inspecciones y que los protocolos de seguridad se ejecuten de manera rigurosa, sin excepciones ni dilaciones burocráticas. La tragedia de Villa Gesell evidencia una responsabilidad que trasciende a los involucrados y convoca a una reflexión profunda sobre los límites de la negligencia en construcciones. La sociedad requiere que estos casos no se archiven sin consecuencias, sino que sirvan de ejemplo para promover la seguridad en toda obra pública o privada, evitando que el peso de la ley solo recaiga cuando el daño ya está hecho.